Aunque los medios de comunicación, a raíz de los Panama Papers, se han encargado de señalar con su dedo acusador a aquél que disponía de cuentas offshore en el extranjero, lo cierto es que es un producto financiero más, totalmente legal que busca, entre otras cosas, ocultar el dinero del ámbito público.

Es una medida de protección del patrimonio personal ante posibles acreedores, demandas judiciales que está contemplada dentro de la legalidad. Únicamente recae en la obligación del titular la necesidad de declarar estos activos en el país de residencia. Deberá informar a las autoridades fiscales la tenencia de estos fondos, sus rendimientos y los beneficios que generen. En definitiva, es una herramienta que depende de cómo se use puede ser beneficiosa o perjudicial.