Los criptoactivos están revolucionando el mundo financiero, gracias a que permite hacer transferencias instantáneas y transfronterizas, de forma garantizada. Sin embargo, también se ha convertido en el modus operandi de las organizaciones criminales, las cuales han ido aumentando su complejidad en los últimos 10 años en distintas jurisdicciones.
En los últimos años, numerosos grupos criminales se han lucrado través del mundo blockchain, debido a su inmediatez y universalidad, así como la distribución y ocultación de los activos procedentes del delito. Situación que ha ido en aumento, y el año 2022 alcanzó máximos históricos.
Según el más reciente informe que emitió Chainalysis, el 12 de enero el valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas alcanzó los 20,100 millones de dólares el año pasado, dejando de lado las investigaciones penales de criptoempresas fallidas como FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs entre otras.
Los USD 20,100 millones que indica el informe de Chinalysis supera levemente la cifra de 2021 (USD 18,000 millones) en un 10%, y supera significativamente (en un 60%) el marcador de 2020, que se ubica en USD 8,000 millones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) lanzó algunas de sus cripto-sanciones el año pasado, las cuales eran difíciles de aplicar, y los volúmenes de transacciones relacionadas con las sanciones aumentaron tan bruscamente que no se pudieron incluir en los gráficos por problemas de escala. Por lo tanto, Chainalysis evalúa este crecimiento en la marca del 10% de millones.
Dichas cifras no son definitivas, puesto que el volumen de transacciones ilegales se eleva a medida que los analistas encuentran nuevas direcciones asociadas a actividades delictivas.
Cabe destacar que en el informe se muestra el ejemplo del exchange de criptomonedas Garantex, la cual continuó operando a pesar de figurar en el registro de sanciones de la OFAC en abril, y tuvo gran parte del volumen de transacciones relacionadas con las sanciones en 2022.
Eric Jardine, líder de investigación de delitos cibernéticos en Chainalysis, explica que en el informe se consideran como billeteras ilícitas aquellas que forman parte de una entidad ilegal conocida, como por ejemplo un mercado de la dark web o una plataforma sancionada. Mientras que los wallet personales o no alojados pueden etiquetarse como ilícitas si tienen fondos robados en un hackeo.
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