El presidente de Panamá, Laureano Cortizo considera que se requiere más trabajo para aprobar un proyecto de ley de criptomonedas en el país que se adapte a las regulaciones financieras y que cumpla con las medidas contra el lavado de dinero.

En este sentido, Cortizo ha rechazado rotundamente el proyecto de ley nº 697, apodado proyecto de ley de criptomonedas. Tal decisión no sorprende, ya que en mayo había advertido que no firmaría el proyecto de ley si este no contaba con normas adicionales contra el lavado de dinero (AML) después de que la Asamblea Nacional de Panamá lo aprobara a finales de abril.

El veto emitido por el gobierno posee 32 páginas y el medio de comunicación local La Prenda obtuvo una copia del mismo, en el cual el presidente describió como “imperativo” que las leyes cripto  se ajusten a las nuevas regulaciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que resaltan “la transparencia fiscal y la prevención del lavado de dinero”.

El presidente Cortizo había dicho previamente que la legislación era una “ley innovadora” Sin embargo, indicó que, para aprobar ciertos aspectos del proyecto de ley, es necesario abordar los posibles usos ilegales de las criptomonedas.

Se ejecutarán correcciones

El diputado Gabriel Silva, quien en septiembre de 2021 había trabajado en la presentación del proyecto de ley, dijo a través de su cuenta de twitter que con el veto se ha perdido una gran oportunidad para generar fuente de empleo, atraer inversión al país e integrar la innovación y la tecnología al sector público. Agregó “El país merece más oportunidades e inclusión financiera”, y afirma que el Congreso estudiará el veto para realizar correcciones que luego pasarán a debate.

Panamá, después del Salvador, se convertirá en el segundo país centroamericano en regular el gasto de criptomonedas, si dicho proyecto se firma. Pero a diferencia de El Salvador, el proyecto de ley de Panamá, además del bitcoin abarca otras criptomonedas y no exige a las empresas locales que acepten criptoactivos. Además, los ciudadanos podrán acordar libremente el uso de activos digitales, incluyendo bitcoin y Ethereum, como pago alternativo para cualquier operación civil o comercial y sin ningún tipo de límites.

A su vez, incluye la emisión de valores digitales y regulará la tokenización de cosas como los metales preciosos. También se investigará la digitalización de identidad utilizando tecnología blockchain.

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