Las autoridades de Luxemburgo dejaron sin efecto el Registro de Titularidades Reales luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que no es válido el acceso público general a la base de datos. Dicha sentencia, se había dado a conocer el 22 de noviembre, la cual sostiene que el acceso público a la base de datos viola los registros de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantiza los derechos de la vida privada y la protección de los datos personales.
Muchas de las naciones europeas ni siquiera habían efectuado correctamente el registro. Italia y España jamás han contado con una base de datos de acceso público. El eurodiputado Damien Carême considera que el Tribunal hace lo correcto al asegurarse de que las injerencias en esos dos derechos fundamentales estén justificadas y sean estrictamente necesarias para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Cabe destacar que en la UE hasta el 2018, no había ninguna obligación de declarar quién estaba detrás de una compañía, pero luego de que ocurriera la publicación de los llamados Papeles de Panamá, donde hubo una gran filtración de información confidencial sobre más de 200.000 empresas en paraísos fiscales y sus accionistas, la Comisión Europea decidió tomar medias para introducir mayores normas de transparencia.
El Consejo Europeo logró en 2018 que los registros de titularidades reales fuesen obligatorios para los Estados miembro. Sin embargo, dejó a los países con total libertad para crear dichos registros, que ha tenido como resultado registros incoherentes que, sólo en teoría, son accesibles al público.
Sólo países como Dinamarca, Estonia y Letonia han colocado sus registros a disposición del público en bases de datos abiertas, mientras que otros países hicieron algunas restricciones. Un ejemplo de esto es que en Alemania y Hungría se debe pagar por los datos, por su parte, en Portugal y Bélgica es obligatorio ser residente para poder consultarlo. Mientras que en Luxemburgo antes de su cierre, el registro sólo permitía buscar por el nombre o el NIF de una sociedad, y no por el de una persona física.
Según Lucas Millán, de Tax Justice Network, En algunos sectores, como el inmobiliario, la falta de transparencia hace que sea más fácil que se hagan inversiones de origen ilegítimo por parte de quienes están dispuestos a pagar más que el precio de mercado para convertir los fondos ilícitos en activos legales, lo que hace que se exageren los precios de los inmuebles, perjudicando al ciudadano común.
Un análisis de 49.000 propiedades inmobiliarias en Lombardía, realizado por la Unidad de Transcrime de la Universidad Católica de Milán, reveló que más del 40% tenía al menos un elemento de anomalía». El experto en blanqueo de capitales en Milán Gian Gaetano Bellavia, asegura que los inmuebles en las ciudades europeas son una inversión más segura.
Por otra parte, los mercados financieros son globales, por lo que también debería serlo el registro de titularidades reales. Según los economistas galos Thomas Piketty y Gabriel Zucman, codirectores del Laboratorio de Desigualdad Mundial, su alcance debería extenderse a todo tipo de activos. Sin embargo, ese modelo parece estar muy lejos de la realidad.
Si los gobiernos de la UE respaldaran crear un registro global, como hicieron las autoridades de Luxemburgo y de otros países para cerrar sus registros de titularidades reales, Europa pudiera saber quiénes son los verdaderos dueños de muchas empresas.
Dos demandas fueron las que activaron el procedimiento judicial ante el TJUE
El procedimiento judicial ante el TJUE lo impulsaron dos demandas presentadas por la compañía Sovim SA y por el beneficiario último como también se conoce al dueño real de una sociedad inmobiliaria a quien se identifica en la sentencia con las iniciales «WM».
Una investigación periodística publicada tras conocerse la resolución judicial reveló que es Patrick Hansen, quien se encuentra detrás de las iniciales y propietario de una sociedad de cartera en las Islas Vírgenes Británicas con actividades en Luxemburgo, Chipre y Rusia y activos de más de tres millones de dólares. Además, era copropietario de una empresa registrada en el paraíso fiscal centroamericano de Belice. Cabe destacar que Países Bajos Austria, Bélgica Malta y Alemania., también cerraron el acceso al Registro, luego del fallo del TJUE.
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